En 2022, cerca de un millón de inmigrantes recibieron la ciudadanía en Estados Unidos, la mayor cifra en 15 años, luego de que el coronavirus causara un retraso en el sistema.
A pesar de los nuevos ciudadanos, la política de inmigración estadounidense sigue siendo un punto conflictivo. El Título 42, presentado como una ley de salud pública, se introdujo al comienzo de la pandemia de Covid-19 para permitir la expulsión de inmigrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur. El mes pasado, el tribunal supremo bloqueó temporalmente el intento de la administración Biden de poner fin a esta política.
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Permanecer en México, otra política que comenzó con la administración Trump y continuó en la administración Biden, obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras esperaban sus citas judiciales, a menudo sometiéndolos a las peligrosas condiciones de las que huyen, que incluyen secuestros y violaciones. En junio de 2022, el Tribunal Supremo votó por un estrecho margen a favor de permitir a Biden poner fin a esa política, pero un juez federal de Texas dictaminó que la política debe reiniciarse, lo que hace que su futuro sea incierto. La política sigue en vigor mientras el litigio está pendiente.
Otra política de inmigración de la administración Obama también enfrenta desafíos. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que impide la deportación de inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers, ha dejado a cientos de miles en un limbo legal. Trump intentó acabar con Daca durante su mandato, pero el tribunal supremo se lo impidió.
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